Revista de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California
f) La de Enrique Peña Nieto, siendo secretario de Hacienda Luis Videgaray,
que a partir del año 2014, elimina el Impuesto Empresarial a Tasa Única
(IETU), el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), y una serie de
privilegios y excepciones17; entra en vigor, una nueva Ley del Impuesto
Sobre la Renta en donde se eliminan aproximadamente 77% de los
regímenes preferenciales y el 47% de los tratamientos especiales.
Al hablar de reforma fiscal, es común que haya coincidencia de que la misma
es necesaria; sin embargo:
Las propuestas de reforma fiscal cuidan que el sector o los sectores que las
hacen, no se vean afectados “negativamente”; esto es, siendo eminentemente
recaudatorio el objetivo de la misma, el sector que la propone procura ser el
menos participativo (“Hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi
compadre”)18, constituyéndose el Congreso en el campo de batalla de los
intereses de grupos y clases.
El tamaño y complejidad de los rezagos sociales y la creciente desigualdad
en la distribución de la riqueza, a la hora de definir a quién cobrar más impuestos
provocan grandes desacuerdos. Unos señalan que debe buscarse la ampliación
de la base de contribuyentes, especialmente entre los sectores de la así llamada
economía informal, favorecer el ahorro y la inversión del sector privado,
simplificando el sistema, lo que significa desaparecer y/o reducir impuestos al
ingreso y ampliar los gravámenes al consumo. Otros en cambio sugieren cobrar
en mayor medida las ganancias del capital, en particular las operaciones
17 Tal y como se desprende del Presupuesto de Gastos Fiscales 2014, del cual se anexa el cuadro íntesis.
18 Refrán
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Capítulos II (Actividades Empresariales) y III (Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce
Temporal de Bienes Inmuebles) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a efecto de que el tratamiento
impositivo aplicable a los sujetos previstos en dichos títulos y capítulos quedara regulado únicamente en
la Ley del IETU. Dicho estudio se debia entregar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la
Cámara de Diputados a más tardar el 30 de junio de 2011.