Revista de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California
Las autoridades solo pueden y deben hacer lo que la ley les permite, esto es el
principio de legalidad. Para comprender su importancia, es necesario hacer un estudio
detallado de lo que es el Estado de derecho y algunos aspectos básicos que le son
inherentes, como la supremacía constitucional, la jerarquía de las normas; así hasta
entenderlo en su concepto, aplicación general y alcance específico en las actividades
del Estado.
1.1 Ubicación del principio de legalidad en el Estado mexicano.
El principio de legalidad ha sido considerado “la manifestación más arraigada y
principal del Estado de derecho”,2 es elemental en la concepción de un Estado
moderno; tradicionalmente se había ubicado solo en relación a la actividad
administrativa y quizá a la jurisdiccional, en virtud de ser los órganos que tienen
conferidas las facultades para ordenar y ejecutar actos de privación y actos de
molestia. Esta deducción surge en México, de la redacción de los artículos 14
segundo párrafo y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, “ahora tiene matices axiológicos y de eficacia, en cuanto a solventar y
satisfacer intereses y necesidades de la comunidad, que el Estado de derecho debe
atender en sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial”.3
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que
“las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite, que se trata de un
2 Santamaría Pastor, Juan Alfonso, cit. por Vingolo Cueva, Orlando, La cláusula del estado de derecho, el principio
de legalidad y la administración pública. Postulados básicos y transformaciones, Boletín mexicano de derecho
comparado, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, nueva serie, año XLIV, núm. 131, mayo –
agosto, 2011, p. 791. http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/131/art/art10.pdf, (consulta: 25
de febrero de 2014).
3 Tron Petit, Jean Claude y Gabriel, Ortiz Reyes, La nulidad de los actos administrativos, 4ª ed., México, Porrúa,
2011, p. 203.
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