Revista de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California
Únicamente el 12 por ciento piensa que las leyes en México se aplican a todos
por igual, mientras que el 56 por ciento está en contra de esta afirmación.
Incluso, los mexicanos expresan dudas acerca de las declaraciones de los
presuntos delincuentes, el 55 por ciento duda que los testimonios de los procesados
sean voluntarios, como lo marca la ley.
Cabe resaltar que en todos los enunciados evaluados, es mayor la posición que
rechaza la calidad de la justicia en México.
Poco más de la mitad de los encuestados dijeron estar de acuerdo con el
principio de inocencia, que establece que a un ciudadano sujeto a proceso ha de
considerársele inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Es decir, de entrada se presume que el individuo es inocente y que corresponde
a la parte acusadora probar la culpabilidad, no que corresponde al acusado
defenderse.
Debido tal vez a la desconfianza al proceso judicial, al actuar de las autoridades
o a la percepción de corrupción, no existe concordancia entre lo manifestado sobre la
presunción de inocencia y las consecuencias de ésta.
Como se advierte, el grado de desconfianza en la impartición de justicia es al
grado de ser un factor sumamente preocupante y, en mi opinión, que esto abona a la
desbabada de violencia que enfrenta el país, al considerar la existencia de la justicia
como un elemento fuera del alcance todos lo mexicanos.
En mi experiencia personal, los datos tomados y las diversas evidencias de la
existencia de la desconfianza en los ámbitos jurisdiccionales, me provoca la siguiente
disyuntiva, que si bien, los datos conocidos del grado creciente de desconfianza son,
sin duda, reales, tales hechos encuentran una evidente contradicción con los datos
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